Por Carlos Avendaño.
En Tequila no solo se añeja el agave; también se recicla el poder. La polémica no tardó en fermentarse alrededor de Lorena Marisol Rodríguez Rivera, recién nombrada alcaldesa interina de Tequila, Jalisco. No llega por mérito extraordinario ni por consenso ciudadano, sino por sustitución obligada: reemplaza a Diego Rivera Navarro, detenido por presuntos nexos con el CJNG, por extorsión y por delitos que suenan todo menos a folclor local. El detalle incómodo es que: Rodríguez Rivera, no era una figura ajena al gobierno caído en desgracia, pues era una colaboradora por demás que cercana. Tan cercana que hoy muchos se preguntan si el relevo es institucional o solo es un cambio de botella con el mismo contenido. Como si el contexto no fuera ya suficientemente delicado, resurge un video del año pasado, en donde la ahora alcaldesa interina aparece en una fiesta entonando un narcocorrido dedicado a “El Mencho”. Nada grave, dirán algunos: música regional, ambiente festivo, libertad de expresión. Claro que sí. Hasta que gobiernan un municipio golpeado por la violencia del crimen organizado y terminas cantándole -aunque sea por “convivencia”- a uno de sus principales símbolos. Desde luego que no es delito cantar, el problema es lo que comunica. Y más cuando la confianza pública está bajo tierra. El 8 de febrero, en sesión extraordinaria, el ayuntamiento de Tequila oficializó su designación con seis votos a favor y tres en contra. Las negativas no fueron menores ni anecdóticas: una regidora priista que denunció al exalcalde por violencia política de género; una representante de Movimiento Ciudadano; y una regidora independiente. Es decir, no fue unanimidad, fue advertencia. Aun así, se le tomó protesta. En su mensaje, Rodríguez Rivera apeló a la narrativa que nunca falla: origen humilde, raíces campesinas, identidad serrana, madre trabajadora. Un discurso emotivo, correcto, casi de manual. Prometió carácter, unidad y claridad de rumbo. El problema es que en Tequila ya conocen este libreto. Y también saben cómo termina cuando el fondo no cambia, solo el nombre en la puerta. La pregunta no es si Lorena Marisol merece una oportunidad. La pregunta es si el municipio merece algo distinto. Porque cuando un alcalde cae por presuntos vínculos criminales y su relevo inmediato proviene del mismo círculo político, la duda no es malicia: es tan sólo sentido común. ¿Es esta designación un intento real de recomponer el rumbo o simplemente la continuidad disfrazada de interinato? ¿Gobierno de transición o administración de daños? ¿Cambio verdadero o “más de lo mismo”, pero con otro tono y otro corrido? En Tequila, tierra de identidad, de tradición y de orgullo, la ciudadanía no está para brindis políticos ni para explicaciones a medias, mucho menos para canciones mal elegidas en momentos que exigen silencio, distancia y responsabilidad. Porque gobernar no es cantar lo que la gente quiere oír. Es demostrar -con hechos- que el poder ya no baila al ritmo equivocado…
En Concordia no hubo rescate, hubo confirmación. Cinco de los diez mineros “levantados” fueron encontrados en una fosa clandestina en El Verde. No fue sorpresa, fue desenlace. En Sinaloa, cuando pasan los días y la autoridad habla en futuro, la tierra suele hablar en pasado. El operativo militar sigue en el predio. Soldados, armas largas, cintas amarillas. Todo el ritual del Estado presente, después. Porque antes hubo silencio, omisiones y un territorio donde desaparecer personas ya no es noticia, sino rutina. La empresa canadiense Vizsla Silver Corp emitió un comunicado: “Estamos devastados”. Es una frase correcta, pulidamente y muy corporativa. Reconocen que varias familias se acercaron para informar que sus seres queridos ya habían sido encontrados sin vida. Prometen apoyo, se agradecen y se lamentan. El Estado, en cambio, sigue buscando verbos. Diez mineros fueron privados de la libertad en Concordia. Diez trabajadores, no sicarios, no capos, no objetivos de alto valor, solo mineros. Gente que bajaba a la tierra para ganarse la vida y terminó enterrada en ella. Cinco ya aparecieron en una fosa clandestina. Como tantas otras que “no existían” hasta que alguien tropieza con ellas. Aquí la tragedia no es solo el crimen, sino la normalización. El hecho de que ya sepamos cómo sigue la historia incluso antes de que la confirmen las autoridades. El hecho de que el hallazgo no provoque un sacudón nacional, sino un breve escalofrío local. Aunque la empresa extranjera ofrece apoyo a las familias, la pregunta incómoda sigue sin respuesta: ¿Quién garantiza la seguridad en los territorios donde se permite operar, invertir, extraer riqueza, pero no vivir? Porque en México parece que el subsuelo está mejor protegido que quienes trabajan en él. El operativo militar llega cuando los cuerpos ya no pueden huir. Cuando el delito ya fue consumado. Cuando la estadística ya está cerrada. Es la presencia del Estado como un acta de defunción, no como prevención. Las familias hoy no piden discursos ni comunicados. Piden lo básico: no tener que buscar a los suyos bajo tierra. No tener que confirmar la muerte por rumores. No tener que aceptar que salir a trabajar puede terminar en una fosa. En Concordia no falló una empresa, falló el pacto mínimo: que el trabajo no sea una sentencia y que la tierra no sea el destino final de los vivos. Cinco mineros fueron encontrados. Cinco ausencias oficiales. Cinco recordatorios brutales de que en Sinaloa la violencia no solo mata: administra tiempos, silencios y entierros. Y mientras tanto, el país sigue, como si nada, porque al parecer ya aprendimos a vivir con la muerte, siempre y cuando no nos toque excavarla…
“Encuentran” este es el verbo oficial de Sinaloa. Encuentran cinco de los diez mineros desaparecidos. Encuentran nueve cuerpos regados por toda la ciudad de Culiacán. Encuentran a una expolicía “levantada” en una fosa clandestina en El Bolsón, Navolato. Encuentran otra hielera con restos humanos y un mensaje en Elota. Encuentran un cuerpo en la cajuela de una camioneta rumbo a Costa Rica, a la altura de la escuela de Agronomía. Encuentran, total que siempre encuentran. Nunca previenen, nunca evitan, nunca llegan antes. El Estado se ha convertido en una institución forense, no en una autoridad de seguridad. Su función ya no es proteger la vida, sino clasificar la muerte. Llegan después, acordonan después, informan después, y cuando mucho, lamentan. Sinaloa vive una geografía del hallazgo. No hay municipio sin punto rojo, no hay carretera sin historia, no hay comunidad que no sepa dónde apareció el último cuerpo. La violencia ya no se esconde: se exhibe, se reparte, se deja con mensaje, se abandona como advertencia. Los mineros no murieron: fueron desaparecidos primero. Los cuerpos en Culiacán no son hechos aislados: son rutina urbana. La expolicía no cayó por azar: cayó por pertenecer a un sistema que ya no protege ni a los suyos. La hielera no es novedad: es un método. La cajuela no es sorpresa: es un transporte. Y mientras tanto, el discurso oficial sigue hablando de “hechos”, “eventos”, “casos”. Palabras limpias para realidades ensangrentadas. Aquí no hay guerra declarada, pero hay territorios tomados. No hay estado de sitio, pero hay miedo permanente. No hay colapso institucional, dicen, pero hay cuerpos suficientes para demostrar lo contrario. La pregunta ya no es quién mató a quién. La pregunta es cuántos cuerpos más necesita el poder para admitir que perdió el control. Porque cuando todo se reduce a “encuentran”, el mensaje es claro: el crimen actúa, la sociedad sobrevive y el gobierno documenta. Sinaloa no necesita más hallazgos. Necesita un Estado que llegue antes de la fosa, antes de la hielera, antes de la cajuela. Pero todo eso implicaría algo que hoy parece ausente: voluntad, capacidad o valor. Y mientras no aparezcan esos tres, lo único seguro es que mañana volverán a encontrar algo más…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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